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Claves para analizar la Ley General de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes

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  • Cecilia Fierro, investigadora y académica de la Universidad Iberoamericana León nos explica en qué radica la importancia de establecer un marco normativo claro que fomente la convivencia escolar.

Después de varios meses de discusión de la Ley General de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes en las Cámaras de Diputados y de Senadores, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta norma (http://edsm.co/1yRZZPw).

 

En Ediciones SM contactamos a María Cecilia Fierro Evans, especialista en temas degestión, inclusión y convivencia en instituciones educativas, para que nos de su opinión sobre esta ley.

 

A las preguntas expresas de si servirá este marco legal para erradicar el grave problema de acoso escolar que se vive en México; y de en qué radica la importancia de establecer un marco normativo claro que fomente la convivencia escolar, la integrante del Consejo Técnico de Evaluación de la Oferta Educativa del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) nos comentó lo siguiente:

 

 

La Ley General de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes, en el capítulo Décimo Primero, Del Derecho a la Educación, el Artículo 59 se dedica de manera específica al tema de la creación de ambientes libres de violencia en las escuelas.

 

Para revisar el contenido de esta ley, puede ayudar una herramienta teórica que aporta  uno de los fundadores de la investigación sobre la paz y los conflictos sociales, Johan Galtung: “el triángulo de la violencia.” (1969). Este se conforma por la violencia directa física o verbal, la violencia estructural (estructuras que marginan, excluyen e impiden el acceso a bienes a todas las personas) y la violencia cultural (la cual legitima a través de patrones culturales como el racismo, sexismo, homofobia entre otros, el uso de la violencia hacia determinados grupos de personas).

 

El contenido del artículo 59 inicia proponiendo el fomento “de la convivencia armónica y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”, pero su contenido se enfoca en particular al tema del “acoso o la violencia escolar”. Se habla del diseño de estrategias para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar y se contempla la creación de mecanismos de mediación permanentes en los que participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Se propone el desarrollo de actividades de capacitación para servidores públicos, así como de mecanismos gratuitos de atención, asesoría y seguimiento de niños, niñas y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar. Por último se establece la aplicación de sanciones a las personas responsables de realizar, promover, tolerar o no denunciar actos de acoso o violencia escolar.

 

Si analizamos la ley desde el “triángulo de la violencia” de Galtung, lo que tenemos es que reduce doblemente la comprensión del fenómeno de la violencia escolar. En primer lugar por enfocar su atención de manera fundamental hacia la violencia directa, uno sólo de los tres vértices del problema. Y en segundo término, por hablar de “acoso o violencia escolar” como si se tratase de sinónimos, siendo que este último es una entre otras posibles expresiones de la violencia directa.

 

La principal consecuencia  de lo anterior es reducir la visión sobre el problema al ámbito interpersonal y, de manera específica, enfocar a los estudiantes como centro de atención. Esto lleva a psicologizar y criminalizar a los estudiantes, quienes son más bien víctimas de otras tantas formas de violencia institucional, cultural y estructural. Si estas últimas no se atienden, no será posible reducir los niveles de inseguridad y violencia en las escuelas.

 

El último artículo sobre aplicación de sanciones, resulta especialmente problemático por la dificultad misma de establecer responsabilidades en la tolerancia o no denuncia de situaciones de acoso hacia el personal docente y otros servidores públicos. Pero además porque, como se señaló, ignora que es necesario atender las diversas manifestaciones de violencia institucional (la cual contempla tanto aspectos de la llamada violencia simbólica o cultural expresada en currículos ajenos a realidades, intereses y necesidades de los alumnos, así como prácticas basadas en prejuicios y que promueven la discriminación y el mal trato, y puede ahondar a través de distintos mecanismos las desigualdades preexistentes entre los estudiantes debido a la violencia estructural que impera en el país) como vía para modificar patrones de interacción social y crear mecanismos de cohesión social al interior de las escuelas. Esto último supone revisar aspectos del currículum, de las prácticas docentes y directivas, el manejo de normas y reglamentos y las formas de participación en la resolución de conflictos en la escuela, ya que es en esos ámbitos donde se reproducen determinados patrones de exclusión, competencia y segregación entre estudiantes, que son finalmente los detonadores de las distintas formas de violencia.

 

Lo anterior no obsta para destacar la importancia de establecer un marco normativo que fomente la convivencia escolar, puesto que es preciso contar con directrices claras que orienten el quehacer de las escuelas frente a este problema. Por ello es muy importante comenzar a hacer distinciones entre leyes para erradicar la violencia y marcos para la buena convivencia en las escuela. Lo que tenemos en México son básicamente leyes de erradicación del acoso, pero presentadas utilizando elementos discursivos sobre convivencia, pero sin comprometer de fondo ni su enfoque ni sus procedimientos.

 

De la Ley podemos destacar como aspectos positivos la consideración de crear mecanismos de mediación permanentes en los cuales se contempla la participación de padres o tutores. Este es un gran avance, si bien es necesario considerar que los alumnos pueden también participar en instancias de mediación. Hay además una referencia a la detección temprana, la contención y la prevención del problema, lo cual abre posibilidades para considerar estrategias de carácter amplio. Se plantea el desarrollo de actividades de capacitación para docentes y servidores públicos así como de información y asesoramiento a niñas, niños y adolescentes, lo cual ofrece también la posibilidad de generar propuestas de formación que amplíen los marcos comprensivos sobre este problema dando lugar a estrategias que fortalezcan el quehacer educativo de la escuela desde un enfoque integral.

 

Sin embargo, y dado el énfasis que programas previos basados en operativos “mochila” y otros, dirigidos a los escuelas así como la adhesión a un enfoque de “tolerancia cero” compartido por amplios sectores de la sociedad mexicana, está presente el riesgo de que esta ley, junto con los protocolos, procedimientos y complejidades que imprime al quehacer cotidiano de directivos y docentes, no solamente los distraiga de su labor fundamental, sino que justifique el uso de medidas enfocadas exclusivamente a la represión y al control, incluso a una creciente presencia de la fuerza pública en las escuelas. Con ello, al amparo de las “leyes de Convivencia”, se puede estar exacerbando  el uso de la violencia en las escuelas por parte de la autoridad, asunto que ha sido señalado por Úrsula Zurita en sus análisis sobre iniciativas de ley en esta materia en distintas entidades de la república. (2013, 2014).

 

Publicado el 4 de diciembre de 2014.

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