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CIDE entrega propuestas para mejorar la justicia en la educación

CIDE

  • Padres, madres y docentes no conocen todas las opciones jurisdiccionales y administrativas a las que tienen derecho para solucionar los conflictos que al interior de las escuelas no puedan resolverse.

Después de un intenso trabajo en la realización y procesamiento de los foros sobre Justicia Cotidiana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentó sus resultados.

Uno de los temas abordados fue el de la justicia en la educación: se detectó que no funcionan los mecanismos que tienen las madres, padres de familia, docentes, directores y alumnos para dirimir conflictos, resolver problemas, interponer quejas, sugerencias, pedir explicaciones, informaciones, justificaciones sobre lo que ocurre en las escuelas en particular y el servicio público educativo en general, y que cuando existen tales mecanismos, no existe claridad.

En los foros se identificaron problemáticas que superan los mecanismos institucionales existentes para resolverlos. Tales son los casos de las carencias físicas en las escuelas; la inequidad en el acceso a los servicios educativos y al ejercicio del derecho a aprender; la poca participación de padres; los ambientes escolares inadecuados marcados por las violencias; la corrupción, la venta o herencia de plazas, los asensos por palancas, los comisionados, el desvío de recursos, las licitaciones irregulares, las cuotas obligatorias, el uso electoral de las escuelas, los malos manejos de la cooperativa o de los recursos de la sociedad de padres; hay problemas con las frecuencias de clases y ausentismo; la formación docente es poco pertinente o de plano es inútil, entre otros.

Por su parte, los padres, madres y docentes no conocen todas las opciones jurisdiccionales y administrativas a las que tienen derecho para solucionar conflictos que al interior de las escuelas no pudieron resolverse. Las instancias formales a las cuales acudir para resolver conflictos son: la propia escuela (hablar con el maestro o director), el Consejo de Participación Social, los supervisores. En otro nivel se encuentran el Órgano Interno de Control (OIC), el ministerio público o los tribunales de justicia fiscal y administrativa.

Por ello, una de las medidas propuestas por los foros es activar el sistema previsto en la Reforma Educativa (“un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo”, pero éste tiene una fecha límite para su plena implementación y aún no se ha activado) e informar a padres de familia, docentes y directivos de todas las instancias jurisdiccionales y administrativas a las que tienen derecho. El objetivo es abatir la asimetría de información para el ejercicio de derechos.

Con el objetivo de hacer corresponsables a los alumnos en la solución de los conflictos cotidianos de las escuelas así como fomentar la participación constructiva y propositiva, se propuso fomentar la creación de Asambleas de Niñas y Niños para que los alumnos deliberen y generen una agenda de propuestas y peticiones sin la presencia de adultos en las reuniones. Esta agenda debe ser contestada por escrito por el Consejo Escolar de Participación Social y el Consejo Técnico Escolar. La SEP debe difundir con materiales sencillos las metodologías sugeridas para la celebración de dichas asambleas.

Considerando que los maestros necesitan ser motivados con un fortalecimiento en su inteligencia emocional para resolver conflictos de forma asertiva. También se propone generar programas para establecer mecanismos alternativos de resolución de conflictos en las escuelas a través de mediación escolar, justicia restaurativa, inteligencia emocional y educación para la paz. El objetivo es que en contextos de proximidad, la norma de la resolución de conflictos en las escuelas sean los mecanismos internos constructivos y no los mecanismos punitivos o jurisdiccionales.

Para los directores, se propone crear y distribuir un manual orientador y flexible dirigido a los directores de las escuelas con protocolos de actuación sugeridos ante los diferentes conflictos que se suscitan en las escuelas. Se trata de un “libro rojo” con el propósito de dotar a los directores de las escuelas de una herramienta para consulta en el ejercicio de su liderazgo en las escuelas y en la resolución de los conflictos cotidianos.

En suma, a la luz de la gran cantidad de problemas y conflictos que se suscitan en el ámbito educativo, se identificaron dos grandes rutas para su atención. Por un lado, se encuentran los mecanismos alternativos de justicia que buscan ser un referente para que la resolución de los conflictos se dé al interior de la propia escuela con el propósito de que las relaciones dentro de las comunidades educativas no se rompan. No obstante, es indispensable que los canales institucionales existentes para la atención de los conflictos sean eficaces y resuelvan con oportunidad las inquietudes de la comunidad educativa. Este camino jurisdiccional es fundamental para el ejercicio del derecho humano a la educación.

Por último, los migrantes mexicanos cuando regresan al país sufren de condiciones muy precarias y de carencia absoluta de medios idóneos para reinsertarse en el sistema educativo. La falta de procedimientos especiales y expeditos para reincorporarlos a la vida cotidiana genera situaciones extremas de revictimización.

El Informe de Justicia Cotidiana que entregó el CIDE a Presidencia de República, contiene 20 propuestas generales para mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia cotidiana y 217 propuestas puntuales. Este informe se realizó con base en la consulta de 425 expertos a lo largo de 15 foros, en los que se recopilaron 485 testimonios y 600 propuestas.

Si quieres conocer más sobre los foros de Justicia Cotidiana organizados por el CIDE, puedes consultar su sitio web aquí.

Publicado el 28 de abril de 2015.

Fuentes: Educación FuturaAnimal Político.

 

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